Para la fiscalía, los funcionarios de Desarrollo Social robaron 63 millones de pesos

Para la fiscalía, los funcionarios de Desarrollo Social robaron 63 millones de pesos

El fiscal Vignaroli acusó a 19 personas porque la número 20 presentó un certificado médico. Tres son funcionarios de alto rango y el resto son empleados de Desarrollo Social y personas ajenas a la dependencia.

En la maniobra, les habrían robado al Estado unos 63 millones de pesos. A los beneficiarios les daban 10 mil pesos y se quedaban con el resto, unos 39 mil pesos por cada persona.

Vignaroli encuadró la conducta de los y las imputadas en el delito de asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores (artículos 45; 55; 210; 173, inciso 15; 174, inciso 5, del Código Penal)

Explicó que todos y todas integraban la asociación, con roles y funciones predeterminadas. Precisó que el entonces director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, Ricardo Soiza, intervino como “jefe” de la organización; y discriminó a dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Según explicó Vignaroli, mientras que Soiza se encargaba de la organización y ejecución del sistema a nivel burocrático, estos últimos tenían a cargo la ejecución en terreno: organizaban a los reclutadores, que eran quienes captaban a eventuales beneficiarios de planes sociales, y a los extractores, quienes debían realizar las extracciones del dinero en los cajeros electrónicos. 

“Soiza es el organizador y jefe de asociación”, afirmó Vignaroli, dado que “el cargo que ocupaba le daba el dominio de los hechos y la posibilidad de organizar la maniobra, asignando roles y funciones dentro de la organización”. “De hecho, quienes tenían el rol más preponderante luego de él son sus colaboradores más directos: Sanz y Osuna”, agregó.

El fiscal jefe explicó que la maniobra para obtener el dinero destinado al pago de planes sociales comenzaba en lo que denominó el “reclutamiento”. Esto es, buscar eventuales beneficiarios del denominado Plan Provincial de Asistencia a la Desocupación. Esas personas eran inscriptas con una fotocopia del documento de identidad y, se indicó en la audiencia, sin cumplir las verificaciones de rigor, como por ejemplo, verificar que no cobren un sueldo. Esas personas eran inscriptas, se gestionaba la apertura de cuentas y se les informaba que debían presentarse en el banco para retirar la tarjeta de débito y crear la clave respectiva. Luego, los reclutadores se quedaban con las tarjetas y entraban en juego los extractores: un grupo de personas que una vez al mes, en un sistema que la investigación interna del Banco Provincia de Neuquén que motivó la denuncia identificó como “extracciones ráfaga”, realizaba una gran cantidad de retiros de dinero, con distintas tarjetas y por parte de un grupo limitado de personas. Según la teoría de la fiscalía, de ese dinero, una parte que iba entre los $3000 y $10.000 pesos se entregaba a quienes figuraban como titulares de las tarjetas, y el resto -los planes podían llegar a ser de hasta $49.000- quedaban para la organización.

Además de los Soiza, Sanz y Osuna, los tres con cargos de jerarquía dentro del Ministerio de Desarrollo social, la fiscalía formalizó la acusación contra otras 16 personas. En ese grupo hay ex empleados del mismo ministerio y personas ajenas a la dependencia. Durante la audiencia de ayer, no se pudo concretar la formulación de cargos de una mujer que minutos antes presentó, a través de su abogado defensor, una certificado médico.

La participación de cada una de estas personas en cada uno de los hechos de defraudación, sostuvo el fiscal, las hace integrantes de la asociación, ya que “se trata de conductas concatenadas y dirigidas al mismo fin: hacerse del dinero público”.

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Cecilia

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