Durante la mañana del miércoles se realizaron 11 allanamientos simultáneos en una investigación judicial que busca desentrañar cómo se robaron millones de pesos a través de tarjetas de débito de supuestos beneficiarios.

El avance en la causa judicial fue evidente con el procesamiento del director provincial de planes sociales, Ricardo Soiza, y otros funcionarios de menor jerarquía. Se encontraron modos de operar, se individualizaron a 197 beneficiarios que no recibían su dinero, se identificaron 7 vehículos oficiales y al personal que hacía los retiros.

El diario La Mañana Neuquén publicó fotos de las personas que retiraban el dinero, que provenía de las cámaras de los cajeros automáticos

Lo que la justicia no comenzó a investigar es qué se hacía con ese dinero. En medio de una interna dentro del MPN, la causa podría tener diferentes ribetes políticos.

Hacia los medios de comunicación la interna se mantiene en términos cordiales pero por debajo parece que la disputa es todo menos amable.

En la misma semana que se pronostica un acuerdo entre el sector Azul liderado por Jorge Sapag y el Azul y Blanco de Guillermo Pereyra, el dirigente petrolero sale con munición pesada hacia el interior del gobierno.

En diálogo con Radio Nacional, aseguró “se han esforzado el gobierno Nacional y Provincial para llegar con algún tipo de ayuda social y aparecen estos atorrantes, sinvergüenzas que de la mano de algún político tienen que estar. Se sospecha que es Claudio Domínguez que está al frente de esto. Creo que es así. Hay una filmación cuando Claudio estaba de campaña. Un colectivito azul que bajan en un cajero del banco. Bajan 4 o 5 promotoras de ese colectivito azul que usaban para la campaña directamente al cajero. Acá hay responsables directo que no hablan y se han escondido” aseguró.

Claudio Domínguez realizó una campaña para intentar ser candidato a diputado nacional pero tuvo que conformarse con ser concejal en la Municipalidad de Neuquén. Si se comprueba lo que dice Pereyra, entonces la estafa no solamente manchará al gobierno provincial (los planes sociales son de la provincia) sino también al Concejo Deliberante y al intendente Mariano Gaido.

Llama la atención que el sistema funcionó sin problemas por mucho tiempo, al menos un año. Hubo investigaciones dentro del BPN que generaron despidos pero ninguna denuncia judicial.

No fue sino hasta que un beneficiario dijo que le habían retirado los fondos que se involucró a la Justicia. Ese beneficiario ¿se dio cuenta de lo que ocurría con su cuenta sólo en el último mes? Los 197 beneficiarios ¿son cómplices o víctimas? Falta mucho por develar en esta causa.